Durante años, el despido improcedente en España ha tenido un coste estándar: 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Sin embargo, cada vez más voces -incluidas diversas instituciones europeas- cuestionan si una indemnización uniforme puede reparar un daño que nunca es igual para todas las personas. En este contexto, el despido restaurativo surge como un enfoque que busca ajustar la compensación al impacto real que la pérdida del empleo genera en la vida de cada trabajador.
Aunque la idea llegó al Congreso de manera accidental, tras una votación errónea en una Proposición No de Ley, el debate ya está abierto. Juristas, empresas y sindicatos comienzan a analizar este modelo como una posible vía para introducir una forma de reparación más sensible a las circunstancias personales de cada afectado.
¿Qué establece el modelo actual?
El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores determina que, en caso de despido improcedente, la empresa debe optar entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización fijada en función de la antigüedad y del salario. Este sistema, vigente tras la reforma laboral de 2022, ha sido señalado por distintos organismos europeos por no garantizar una protección suficientemente efectiva frente a la pérdida del empleo.
¿Qué establece el despido restaurativo?
El despido restaurativo parte de la premisa de que “no todas las personas sufren de la misma manera la pérdida de su empleo”. Por ello, propone que la compensación económica se adapte al daño concreto sufrido por cada trabajador, considerando factores personales como la edad, las responsabilidades familiares, el nivel de empleabilidad o el lugar de residencia. De aplicarse, este enfoque aproximaría el sistema español a los estándares de la Carta Social Europea, que exige mecanismos de protección real frente a despidos injustificados.
Retos y oportunidades
Aun así, la implantación de un modelo restaurativo no estaría exento de desafíos. Entre los principales destacan:
- La necesidad de establecer criterios claros y verificables para medir el perjuicio individual.
- El posible aumento de la litigiosidad, al abrirse espacio a valoraciones más subjetivas.
- La adaptación interna de las políticas de recursos humanos y de las prácticas empresariales.
Al mismo tiempo, este enfoque podría representar una oportunidad para modernizar el marco laboral español, alineándolo con otros modelos europeos donde las indemnizaciones son más flexibles y reflejan mejor el impacto real del despido en la vida de cada persona.
¿Quieres conocer todos nuestros servicios en materia laboral? Clic aquí para verlos.
¿Quieres contactar con uno de nuestros expertos? Hazlo en este enlace.
