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La incidencia de la inteligencia artificial ya puede justificar un despido objetivo 

El impacto de la inteligencia artificial en un sector puede constituir causa objetiva de despido, siempre que se acrediten correctamente sus efectos económicos y organizativos

La respuesta comienza a ser clara: sí, la inteligencia artificial puede justificar un despido objetivo, pero solo cuando su impacto en el negocio esté sólidamente acreditado. Así lo confirma una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que avala la extinción de un contrato en una empresa de traducción afectada por la transformación tecnológica del sector. 

El punto de partida: una actividad que deja de ser necesaria 

El caso no gira tanto en torno a la implantación directa de inteligencia artificial en la empresa, sino a un fenómeno más amplio: el cambio estructural de la demanda. El tribunal constata que muchos clientes dejaron de contratar servicios profesionales de traducción porque pasaron a utilizar, por su cuenta, herramientas automáticas basadas en IA. 

Este cambio tuvo consecuencias inmediatas: 

  • Desaparición progresiva de encargos tradicionales. 
  • Reducción continuada del volumen de trabajo. 
  • Pérdida de peso económico de determinados puestos dentro de la organización. 

No se trataba, por tanto, de una decisión aislada o coyuntural, sino de una transformación sostenida del modelo de negocio. 

El impacto económico como elemento clave 

A partir de esta evolución del mercado, la empresa acreditó una situación económica negativa real, apoyándose en datos objetivos. En concreto, demostró pérdidas superiores a 10.000 euros en 2023 y un resultado negativo de 16.471 euros en el primer trimestre de 2024, además de un descenso persistente de la actividad. 

Para el Tribunal, estos datos no solo evidenciaban una mala situación económica, sino que conectaban directamente con el cambio tecnológico del sector. La inteligencia artificial no era una excusa genérica, sino un factor que explicaba la caída de ingresos y la necesidad de reorganización interna. 

La decisión empresarial: amortizar un puesto de trabajo 

En este contexto, la empresa optó por la amortización de uno de los puestos, acudiendo a las causas económicas, organizativas y productivas previstas en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores. 

El Tribunal Superior de Justicia considera que la medida guarda proporción y coherencia con la situación descrita: menos trabajo, menos ingresos y una estructura que debía adaptarse a una nueva realidad del mercado. 

Además, la trabajadora no logró acreditar la existencia de otros empleados en condiciones similares que permitieran cuestionar la elección concreta del puesto afectado. 

Por qué el despido se considera procedente 

La sentencia confirma el despido porque entiende que concurren todos los elementos exigidos legalmente: 

  • La realidad de las pérdidas económicas. 
  • El descenso continuado de la actividad. 
  • La constatación de una transformación tecnológica del sector. 
  • La inexistencia de arbitrariedad en la selección del puesto amortizado. 

La clave está en la prueba: no basta con invocar la inteligencia artificial como fenómeno abstracto, sino que debe demostrarse cómo impacta de manera directa y concreta en la empresa. 

Qué lecciones deja esta resolución 

Esta sentencia no abre la puerta a despidos automáticos por digitalización, pero sí marca una línea clara: la transformación tecnológica puede integrar causas objetivas de despido cuando tenga efectos reales en la actividad, los ingresos y la organización empresarial. 

Para las empresas, el mensaje es nítido: 

  • La inteligencia artificial debe vincularse a datos económicos objetivos. 
  • Es imprescindible documentar el descenso de actividad. 
  • La reorganización debe ser necesaria y razonable. 
  • La selección del trabajador afectado debe responder a criterios objetivos. 

En definitiva, la inteligencia artificial entra definitivamente en el análisis jurídico de los despidos, pero lo hace bajo el control estricto de los tribunales y con una exigencia probatoria elevada. onómica o una carta de despido incorrectamente redactada puede determinar la declaración de improcedencia. 


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